Revista de Análisis Plural

Entrevista a Victoria Ortega, presidenta del Consejo General de la Abogacía Española

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A principios de 2016 fue elegida presidenta del Consejo General de la Abogacía Española, institución fundada en 1943 pero que nunca antes había estado liderada por una mujer. Ahora lucha desde dentro para “intentar fortalecer nuestra sociedad democrática y hacerla más igualitaria”. Este es uno de los muchos frentes abiertos con los que lidia Victoria Ortega, abogada que desde abril encabeza también la Unión Profesional, una entidad que agrupa a las profesiones colegiadas y que se creó 38 años atrás.

Texto: Berta Seijo
Fotos: Consejo General de la Abogacía Española


“Nuestro ejercicio profesional debe aspirar a la excelencia para restablecer la confianza de la ciudadanía en el sistema”

A principios de 2016 fue elegida presidenta del Consejo General de la Abogacía Española por los decanos de los 83 Colegios de Abogados de España encargados de tomar la decisión. ¿Qué balance hace de estos dos primeros años de mandato? ¿Se van cumpliendo ya algunos de sus objetivos?
Cuando fui elegida, elaboramos un Plan Estratégico que recogía lo que queremos hacer en el Consejo hasta 2020. He de reconocer que es un Plan muy ambicioso, pero que nos está permitiendo transformar y modernizar la estructura y los procedimientos de actuación del Consejo. Estamos enfocando nuestras políticas fundamentalmente a intentar fortalecer nuestra sociedad democrática y hacerla más igualitaria. Por otra parte, el Consejo General de la Abogacía Española, en el ejercicio de su función legítima y democrática de representación, defensa de los derechos de los abogados y de la dignidad de la profesión trabaja, entre otras muchas cosas, para que se dignifique el Turno de Oficio y para que se aprueben leyes que consideramos imprescindibles, como la ley del Derecho de Defensa.

El Consejo General de la Abogacía Española se fundó en 1943, pero usted es la primera mujer que lo preside. ¿Cree que pronto dejará de ser algo novedoso el hecho de que una mujer ocupe un alto cargo?
Estoy segura de que así será, porque una sociedad no puede ser justa si no es igualitaria. No es posible que la mitad de la población esté discriminada en cuanto a retribuciones, reparto de cuidados, representación y cargos, máxime cuando en muchas profesiones, entre otras las jurídicas, las mujeres son ya mayoría. Es justo, por tanto, que ocupen cargos en la misma medida que los hombres y hay que trabajar para eliminar las barreras y los techos que les impiden acceder a ellos.

“No es posible que la mitad de la población esté discriminada en cuanto a retribuciones, reparto de cuidados, representación y cargos, máxime cuando en muchas profesiones las mujeres son ya mayoría.”

En la misma línea, ¿piensa que si referentes como Clara Campoamor o Concepción Arenal pudieran ver los avances que se han llevado a cabo hasta ahora en España en materia de igualdad se darían por satisfechas?
En el reconocimiento de los derechos de las mujeres, han tenido un papel muy importante varias abogadas y juristas. Es el caso de las dos que cita, pero también, por ejemplo, más recientemente, María Telo, que consiguió que se suprimiera la “licencia marital” por la que la mujer no podía hacer nada sin permiso de su marido –cosas tan sencillas como abrir una cuenta en el banco o sacarse el carné de conducir–. De esto que digo no hace tanto tiempo, poco más de 40 años. Desde entonces, se ha avanzado mucho legalmente, primero con la Constitución y más tarde con la Ley de Igualdad. Está claro, sin embargo, que hay una gran brecha entre la igualdad legal y la igualdad real.

¿Qué medidas están tomando en el Consejo para que las mujeres avancen en sus derechos? ¿Cree que hay voluntad política para impulsar un cambio real?
Desde el Consejo, hemos creado un grupo de trabajo, estamos desarrollando un Plan de Igualdad, e impulsando algunas medidas para permitir la conciliación, entendida siempre desde la corresponsabilidad en el reparto de tareas. Es cierto que, políticamente, parece que siempre hay causas más urgentes que conseguir la igualdad real, pero creo que el clamor social es demasiado fuerte como para ignorarlo. Quien lo haga, se equivocará.

Para Ortega, “no ayuda mucho al debate [sobre la independencia del poder judicial]que determinados asuntos que deberían resolverse en el ámbito político, se deriven a los tribunales”.
Hablando de voluntad política, ¿qué opinión le merece que el ministro Rafael Catalá se haya comprometido a transformar en iniciativas legislativas las 103 propuestas en las que concluyó la Subcomisión de Justicia del Congreso de los Diputados sin el apoyo de Unidos Podemos ni de Ciudadanos? ¿Es este el mejor camino a seguir o deberían ser capaces de alcanzar un Pacto de Estado por la Reforma de la Justicia?
Ya en mi toma de posesión me ofrecí a trabajar para liderar ese Pacto de Estado y, poco tiempo después, presentamos propuestas para ello. Todos los actores jurídicos estamos de acuerdo en el diagnóstico: faltan medios, modernización, cercanía, etc. pero ahora hay que poner en marcha las medidas necesarias para conseguir aquello en lo que todos coincidimos. Es lamentable que no se haya alcanzado el Pacto de Estado, pero tampoco podemos dejar las cosas como están. Si se han hecho esas 103 propuestas con un mínimo respaldo, bienvenidas sean. Lo que hace falta es que se pongan en marcha ya, que se asignen las correspondientes partidas presupuestarias y que no se queden en papel mojado como otras muchas cosas.

¿Que las fuerzas políticas finalmente no hayan podido pactar un documento final de consenso merma aún más la confianza de los españoles en el sistema judicial? ¿Y qué me dice del colectivo al que representa: sienten que sus peticiones para “empezar a conferir una justicia mejor, más eficaz, cercana, moderna y transparente” son tenidas en cuenta?
La justicia es el último recurso para muchas personas que han visto vulnerados sus derechos. La ciudadanía confía en el sistema judicial y por eso recurre a él. De ahí que sea difícil de entender que los representantes políticos, por encima de siglas o intereses particulares, no sean capaces de ponerse de acuerdo para paliar deficiencias o arreglar problemas que nos afectan a todos. Esa falta de consenso para mejorar la vida de la gente es lo que lleva a la ciudadanía a perder la confianza no en el sistema judicial, sino en los políticos. La Abogacía está obligada a contribuir a que nuestro sistema de justicia sea más moderno, más cercano, más eficiente. Hemos hecho un gran esfuerzo, inversor y formativo, en aspectos como la digitalización y desde el Consejo General trabajamos para defender los derechos de los abogados y la dignidad de la profesión.

“Es lamentable que no se haya alcanzado el Pacto de Estado [por la Reforma de la Justicia], pero tampoco podemos dejar las cosas como están. Si se han hecho esas 103 propuestas con un mínimo respaldo, bienvenidas sean.”

Sobre todo en los últimos tiempos (con el arranque de varios juicios por corrupción o el ingreso en prisión de algunos de los líderes del ‘procés’) la independencia del poder judicial en España se encuentra constantemente cuestionada en el debate público. Ahora bien: ¿son compatibles las críticas y la presión social con el libre ejercicio su profesión?
La independencia del poder judicial, si me lo permite, es un clásico cuando se habla de justicia. Como usted señala, lo que transciende son los casos mediáticos, pero en España se dictan a diario cientos de resoluciones judiciales en los juzgados de primera instancia o TSJ y nadie duda de que los jueces y juezas han resuelto con total independencia y rigor técnico. No ayuda mucho al debate que determinados asuntos que deberían resolverse en el ámbito político, se deriven a los tribunales.
La Abogacía tampoco está exenta de críticas y sus profesionales sufren también la presión social. Lo hemos visto recientemente con algún caso de delitos terribles en los que se ha denostado, sobre todo en las redes sociales, a quien ejerce la defensa del presunto autor. Hay que subrayar que los abogados no defienden a inocentes o culpables, sino a personas investigadas o acusadas. El derecho de defensa es garantía de un juicio justo y solo con un juicio justo el castigo es legítimo. Los abogados y abogadas ejercen la defensa con independencia de la condición del defendido, de sus actos y de las razones que le acompañen. Exactamente igual que un profesional de la medicina atiende a un enfermo, porque su obligación es curarle, sea cual sea su condición o sean cuales sean las conductas que le han causado la enfermedad.

Considerando tanto las carencias como las fortalezas de la Administración de Justicia en nuestro país, ¿qué tipo de preparación, habilidades y capacidades requiere el abogado actual? ¿Y a qué nuevos retos es posible que deba hacer frente a corto plazo?
Nuestro ejercicio profesional debe aspirar a la excelencia, precisamente para restablecer la confianza de la ciudadanía en el sistema. Un buen profesional debe tener la mejor y constante formación, porque nunca se termina de aprender; respetar de manera estricta el código deontológico y comprometerse en la defensa de los derechos de todas las personas, especialmente de las más vulnerables. Es evidente que la situación del mercado lleva a que haya una tremenda competencia en la que sobreviven quienes mejor responden a las necesidades de los clientes. No se trata de ofrecer servicios a bajo precio, sino de ofrecer lo mejor a un precio competitivo. Por otra parte, la globalización o los avances técnicos y científicos hacen que los abogados y abogadas deban incorporar a su formación el uso de las nuevas tecnologías o técnicas de publicidad y marketing, pero respetando siempre nuestros pilares básicos: la deontología y el compromiso social.

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