La revisión de la normativa sobre el desplazamiento de trabajadores ha encendido el debate en el sentido de la Unión Europea. El objetivo de la reforma consiste en facilitar la movilidad laboral de manera equitativa en cuanto a salarios y condiciones laborales. Pero esto parece no gustar a todo el mundo.
Text: Esther Herrera
Trabajar en otro país de la Unión Europea: a favor o en contra? Bruselas siempre ha querido fomentar la movilidad social entre los estados de la UE, y uno de los pilares principales del proyecto europeo es la libre circulación de personas y el derecho a poder residir legalmente en cualquier estado miembro. Sin embargo, el Ejecutivo comunitario lamenta que las empresas aprovechen los vacíos legales a la hora de contratar trabajadores de otros países de la UE pagando salarios más bajos según su origen. Una situación que se produce especialmente en el sector de la construcción. Para evitarlo, el Ejecutivo comunitario propuso el pasado mes de marzo un nuevo cambio en la directiva de trabajadores desplazados, que persigue que todos aquellos trabajadores que deban trasladarse a otro país de la UE durante una temporada superior a dos años puedan estar protegidos según la legislación del nuevo país y dispongan de las mismas condiciones salariales y de protección social.
Reacciones diversas
Precisamente Francia y Alemania, los países que acogen a más trabajadores desplazados, exigen que la reforma siga adelante y se cambie la legislación actual lo antes posible. Y es que en este punto entra en juego el fenómeno del dumping social: creen que las condiciones inferiores de los trabajadores provenientes, en gran medida, del este de Europa impiden que sus obreros, igualmente calificados pero que reciben sueldos más altos según las normativas alemanas o francesas, sean contratados.
La otra cara de la moneda es la visión de los países del Este, exportadores por excelencia de trabajadores desplazados. Haciendo uso de la Tarjeta Amarilla, con la que los parlamentos nacionales pueden bloquear una directiva, han impedido que avance la reforma. En este sentido, la comisaria Thyssen defiende que la nueva directiva protege mejor a los trabajadores europeos, aunque reconoce que están escuchando todas las posiciones y que tomarán una decisión antes de que acabe el año.
El Ejecutivo comunitario lamenta que las empresas aprovechen los vacíos legales a la hora de contratar trabajadores de otros países de la UE pagando salarios más bajos según su origen
Adaptación a los nuevos tiempos
Licenciada en Turismo, Paula fue contratada por una cadena de hoteles española, a pesar de residir en Bélgica. La empresa aprovechó su origen, contratando según las leyes españolas, porque de momento se permite hacer este tipo de contratos hasta un máximo de dos años, a pesar de tener un contrato indefinido. Tiempo después cambió de trabajo, ya que sus condiciones laborales eran claramente inferiores a las que podía tener con una empresa belga. El Ejecutivo es claro al respecto: sí a la movilidad social, pero protegiendo los trabajadores sea cual sea su origen. «Cuando nació esta legislación, en 1996, el mundo era diferente», explica Thyssen, pero «la mano de obra barata entre estados miembros tiene que acabar» para evitar las disparidades.
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