Pronto aflorarán las diversas propuestas económicas 
que cada fuerza política defiende, y la relación entre empresa y poder político estará, con toda seguridad, en el centro del debate.
Joaquim Triadú i Vila-Abadal. Profesor asociado del IESE. Vicepresidente del Centro Sector Público-Sector Privado.
HACE 14 AÑOS empezó a andar un proyecto académico en el seno del IESE llamado Centro Sector Público-Sector Privado en el que se agruparon entidades públicas y empresas privadas para reflexionar e impulsar estudios académicos sobre la relación público-privada como motor de la economía, y ver, también, ejemplos de todo el mundo para analizar su viabilidad o fracaso.
Éramos y somos de la convicción de que lo que se puede poner en cuestión y permanente revisión es el cómo debe ser esta relación, pero no la existencia de la relación en sí misma. Así, el paradigma existente a finales de los años 90 y primeros años del siglo XXI que convirtió la relación público-privada en una fórmula de financiación extrabancaria ya no se puede volver a dar. A raíz de la gran crisis económica que hemos sufrido, es evidente que se necesitan nuevas reglas. Normas que nosotros agrupamos bajo cuatro principios básicos:
1.Principio de seguridad jurídica en los negocios jurídicos mediante sistemas de contratación basados en la concurrencia y en el diálogo competitivo para lograr los objetivos demandados.
2. Principio de traslación del riesgo del sector público al privado. Sin riesgo empresarial estaríamos ante una simple financiación pública no bancaria con nueva generación de déficit público.
3. Principio de la transparencia en todas las fases de la contratación y, también, en el posterior seguimiento del cumplimiento del contrato de obra o servicios.
4. Principio de lealtad mutua en la obtención del objetivo básico de afrontar inversiones públicas o prestación de servicios con menos coste para la administración, bien sea por peaje o precio público explícito, o por ahorro de costes para compartir ganancias de explotación, pero siempre con riesgo compartido.
Tan malo sería querer suprimir cualquier fórmula de colaboración público-privada como volver a una cierta línea de «laisser faire-laisser passer» como la que nos abocó a fracasos sonados como son las radiales de Madrid o la Línea 9 de metro de Barcelona, que han quedado empantanadas por utilizar de forma mal planteada y peor ejecutada sistemas de colaboración sector público-sector privado.
La relación entre empresa y poder político, leal y transparente, es el único remedio eficaz en la Europa actual para garantizar el crecimiento económico y el estado del bienestar. Ponerlo en riesgo, bien por exceso o por defecto, sería un grave error. Políticos, ¡no nos falléis!
