El absentismo laboral ha entrado en el debate de la competitividad del país: las bajas laborales han dejado de ser una incidencia para convertirse en un factor estructural que condiciona la productividad y la competitividad.
JOSEP GINESTA I VICENTE. Secretario General de PIMEC, confederación empresarial de la pequeña y mediana empresa de Cataluña
Pero también en un problema social, que afecta a miles de personas que ven demorada la recuperación de la salud: ha pasado de ser un problema para personas y empresas a serlo para la competitividad del país.
El absentismo laboral es el tiempo pagado que las personas no trabajan. Entre 2013 y 2025, las bajas laborales han pasado de tener un peso del 60% a tener el 80%. En Cataluña, las horas mensuales no trabajadas han pasado de 3,8 horas en 2013 a 8,0 en 2025; en España, a 8,2 horas.
Este incremento impacta a las empresas: el coste de los primeros días de baja (2.500 millones de euros) supera lo asumido por la Seguridad Social, pero hay costes indirectos que no siempre se contabilizan y tienen un impacto mucho superior. Los 63 millones de días de trabajo perdidos por baja en Cataluña en 2024 se traducen en pérdida de producción, reorganización de turnos y costes de sustitución, en un contexto de falta de talento. Por eso el absentismo no es solo un coste laboral: es también un coste de oportunidad, de servicio, de calidad y de crecimiento.
En Cataluña, el coste agregado, si se incorporan prestaciones, costes directos empresariales y costes de oportunidad, llega a los 33.340 millones de euros, equivalente al 10,5% del PIB. Esta carga resta margen para invertir y mejorar salarios.
Mientras la economía ha recuperado actividad y ocupación, las bajas han avanzado a un ritmo muy superior. En España, entre 2013 y 2024, las horas aumentaron un 112,9%, mientras el PIB y la productividad se mantenían casi estancados. Esta divergencia es preocupante: si producimos con más ausencias, más costes y la misma productividad, la capacidad competitiva de las empresas y del país se deteriora.
Las causas son diversas: factores demográficos, como el envejecimiento de la población ocupada y el incremento de bajas cortas entre jóvenes; y un aumento intenso de las bajas por salud mental, que en Cataluña en 2024 representan el 8,7% de los casos pero casi el 23,6% de los días de baja, con mayor afectación en jóvenes. También inciden las listas de espera sanitarias, que pueden prolongar procesos que clínicamente podrían resolverse antes. Hay también un problema de gobernanza: quien prescribe la baja no asume el coste, ni quien la financia tiene siempre el control. En nuestro país hay una anomalía: pese a tener una incidencia en bajas solo por debajo de Noruega o Eslovenia, triplicamos su desempleo.
Entre 2013 y 2025, dentro de este absentismo, las bajas laborales han pasado de tener un peso del 60% a tenerlo del 80%
Hay que huir de discursos simplistas. La inmensa mayoría de trabajadores seguro que actúan con responsabilidad y la baja tiene origen en una enfermedad. Para proteger este derecho, hay que poner luz al problema y evitar usos inadecuados. Es decir, preservar el buen uso de los derechos, como recuerdan los carteles que hay en los CAP de Cataluña.
Pese al déficit de inversión en atención primaria, hay camino para la solución. La respuesta no es presionar a personas enfermas, sino gobernar mejor el sistema: más capacidad de las mutuas para gestionar altas, menos listas de espera en diagnósticos y rehabilitación, plataformas interoperables entre el INSS, la salud pública y las empresas, y altas flexibles.
La negociación colectiva también debe ser responsable: proteger a quien está enfermo, sí, pero evitando incentivos que acaben penalizando la asistencia, la productividad y los equipos que sostienen la actividad. Hay que ayudar a las pymes con protocolos, cálculo de costes y programas de salud laboral.
El absentismo laboral por bajas es hoy una de las principales hipotecas silenciosas de la competitividad. Si queremos empresas más productivas, salarios más altos y más capacidad de crecer, hace falta que deje de ser un problema administrativo y se convierta en una prioridad de país.
