Revista de Análisis Plural

Fractura eléctrica. La sociedad de una economía desigual

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La factura de la luz más cara de la historia genera una factura electrizante que causa un seísmo social. La sociedad se fractura, se provoca la división social: unos pueden pagarla, a pesar de asumir la factura a regañadientes, y otros, en cambio, se hunden en la exclusión. Así, la factura eléctrica se convierte en una fractura eléctrica.

Xavier Torrens. Profesor de Ciencia Política de la UB. Politólogo y sociólogo.


Los costes eléctricos que pagamos los consumidores en nuestro recibo de la luz en el transcurso del año 2021 registraron los niveles más altos de la historia. El encarecimiento pone a una parte de la sociedad en una situación de riesgo social. No es objeto de este análisis ni el oligopolio energético, que no ha tomado las medidas necesarias para reducir las tarifas eléctricas, ni la mejora normativa de la gestión pública, que podría realizar una buena regulación de este bien esencial. Tampoco lo es la encriptada y enrevesada factura de la luz, que muchos consumidores no entienden. Me centraré en las repercusiones directamente humanas del encarecimiento de la factura de la luz. O, dicho de otro modo, cómo la elevada factura de la luz obstaculiza la cohesión social.
Ciertamente, el coste de la vida aumenta de forma consecutiva cuando la factura de la luz se encarece sin cesar. De rebote, la inflación va en ascenso. Y la inflación dispara los precios. Y todo es un fuerte golpe a la economía familiar.

INTERÉS GENERAL
Cuando los políticos hablan de interés general o de interés nacional, a menudo, parte de ellos lo hace con propósitos electoralistas. Ahora bien, si el interés general existe, entonces, sin duda alguna, rebajar la factura de la luz es un hecho de interés general o de interés nacional, pues se trata de un bien esencial. Y, sobre todo, nos damos cuenta de que es esencial cuando nos situamos en un récord histórico de subida de la factura.
Hablar de interés general no implica caer en la dicotomía que provoca polémica pública entre la nacionalización o la desregulación de empresas eléctricas, sino que podría dirigirse a una mejor dirección y gestión pública en esta política pública específica. Hay muchas formas de defender el interés general, pero todas pasan por encarar la situación y las circunstancias de las familias más humildes que sufren pobreza energética.

 

Las repercusiones de la tarifa regulada del Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC) es donde se ubica el foco del análisis social. El precio mensual de la luz se encareció demasiado en 2021 en el contexto de una grave crisis sociosanitaria y socioeconómica

 

PYMES
Está claro, la factura de la electricidad nos afecta a todos. La subida de la luz impacta sobre varios colectivos humanos. Compromete, sobre todo, las cuentas de los autónomos, de las microempresas y de las pequeñas y medianas empresas (las pymes), una parte de las cuales acaban repercutiendo el aumento del coste en un incremento de los precios de sus productos. Y, por último, todo acabará repercutiendo en la población, al menos como consumidores. Así, la economía de los hogares es el destino final de la factura de la luz en su globalidad.
El ascenso de las tarifas de la electricidad y la consecuente subida generalizada de los precios puede afectar a todos, pero el destinatario final de las consecuencias negativas son las familias. Y mientras unas acaban asumiendo la factura a regañadientes, otras se hunden en la exclusión social con un mayor empobrecimiento.

PVPC
Las repercusiones de la tarifa regulada del Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC) es donde se ubica el foco del análisis social. El precio mensual de la luz se encareció demasiado en 2021 en el contexto de una grave crisis sociosanitaria y socioeconómica. Esto hace que las familias socialmente más vulnerables se encuentren con la cruda realidad de que no pueden hacer frente a los gastos económicos más elementales: las necesidades básicas para vivir.
Unas mínimas condiciones vitales en una sociedad democrática avanzada deben ser garantizadas por el Estado de bienestar. El “cómo” ya depende de cada formación política: para unos, es necesario hacerlo con la gestión pública, para otros, con la gestión privada y para unos terceros, con la gestión social del tercer sector. Sea como fuere, es necesario hacerlo si se es una democracia avanzada con estado del bienestar. Si no se garantiza un bien esencial como la luz, entonces, conceptualmente, se está haciendo tambalear la estructura político-jurídica del Estado de bienestar.

 

La fractura eléctrica es clara: quienes la sufren no calientan la comida, no se bañan con agua caliente, no tienen calefacción en invierno, no siguen la docencia online cuando las clases dejan de ser presenciales, no guardan la comida en una nevera, no cargan los aparatos digitales, etc.

 

FAMILIAS SIN LUZ
Hay casos extremos. A finales de noviembre de 2021, en el incendio de una antigua oficina bancaria de Barcelona que estaba ocupada por una familia sin recursos, murieron cuatro personas, dos de ellas niños, debido a la pobreza energética.
El 2 de octubre de 2020, en plena pandemia de la covid, cortaron el suministro eléctrico de la zona de chabolismo de Madrid conocida como la Cañada Real. Cerca de 3.000 personas, de las cuales 1.211 son niños, no tienen luz. Es un caso al límite, pero real y, por tanto, una evidencia científica de la fractura social.
La fractura eléctrica es clara: estas familias no calientan la comida, no se bañan con agua caliente, no tienen calefacción en invierno, no siguen la docencia online cuando las clases dejan de ser presenciales, no guardan la comida en una nevera, no cargan los aparatos digitales, etc. Evidentemente, la fractura eléctrica vulnera derechos humanos.

MEJORES POLÍTICAS
Se pueden unir los derechos sociales y la sostenibilidad. Así, por ejemplo, se puede paliar la pobreza energética (derechos sociales) y, al mismo tiempo, optar por desarrollar energías renovables (sostenibilidad). Observamos que ambos factores pueden ir juntos, pero también separados. Obviamente, si hacemos la conjunción de derechos sociales y sostenibilidad, ofrecemos unas mejores políticas por una vida mejor.
Una vida mejor de la globalidad de las ciudadanas y los ciudadanos permite una mayor estabilidad sociopolítica y, de paso, económica y empresarial. Por tanto, la solución de la pobreza energética afecta positivamente, en primer lugar, a los usuarios finales, a los colectivos afectados. Ahora bien, también hay sectores concernidos, como las pequeñas y medianas empresas. Por tanto, nos encontramos ante una política pública trascendental para la sociedad en su conjunto.

UNA VIDA MEJOR
Hagamos memoria histórica de cuando nació el permiso anual retribuido de vacaciones para los trabajadores. Había sectores de la población que eran contrarios a él porque no entendían que se pagara un mes de vacaciones no trabajadas. Evidentemente, esta medida afectó positivamente a las personas asalariadas. Ahora bien, también tuvo impacto en el conjunto de la sociedad, pues el hecho de que los trabajadores tuvieran una vida mejor fue positivo también para las empresas con un modelo de negocio que giraba en torno al turismo y al entretenimiento, ya que a los trabajadores con vacaciones pagadas se les capacitó para ser también consumidores de productos que hasta entonces les habían sido vedados.
Tres cuartos de lo mismo ocurre con las familias con pobreza energética. Poner sobre la mesa una solución satisfactoria al problema de la factura eléctrica les beneficia tanto a ellas como al conjunto de la sociedad, pues se garantiza que las primeras puedan tener una vida mejor y, por tanto, acceso a sectores de la economía y la empresa que serían inexistentes si no se resuelve primero el recibo de la luz. Y, además, así se garantiza la paz social.

POBREZA ENERGÉTICA
Así pues, la pobreza energética es una gravísima lacra que afecta, en primer lugar, a los usuarios y usuarias finales de la política social y laboral. Ahora bien, si solucionamos la pobreza energética, toda la sociedad salimos beneficiados, pues se garantiza una mayor cohesión social. La estabilidad social es el entorno adecuado para una economía creciente, que beneficia a todos.

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