Uber, Airbnb, Wallapop o Bla Bla Car. Todas ellas tienen un nexo en común: son plataformas de economía colaborativa. Fenómeno relativamente reciente, ha nacido gracias a la irrupción de las nuevas tecnologías y las start-ups, y permite que usuarios y empresas estén en contacto, ofreciendo sus servicios como intermediarios. Con todo, la legislación no es clara, y a pesar de que la Comisión Europea ha publicado directrices para ayudar a los estados miembros, sus detractores las temen porque afirman que suponen una competencia desleal para el sector; los que están a favor, en cambio, las consideran meros intermediarios.
Texto: Esther Herrera
El Tribunal de Justicia de la UE actualmente está dirimiendo un caso sobre Uber en Barcelona: ¿es un servicio de transporte privado o son intermediarios entre conductores y clientes? Esta es una de las preguntas que deben responder los jueces en los próximos meses. Y es que la irrupción de las nuevas tecnologías ha facilitado la captación de nuevas necesidades de los usuarios: según el último Eurobarómetro, uno de cada cinco europeos utilizó alguna vez una plataforma de economía colaborativa en 2015, una tendencia que ha ido al alza. El 33% asegura que lo hace porque son más baratas que los servicios tradicionales y el 25% porque obtiene nuevos servicios que hasta ahora no había podido tener.
Ante esta irrupción, Bruselas publicó hace un año una guía con el objetivo de que ayudara a los países a vigilar más estrechamente su convivencia con este nuevo tipo de plataformas. Una de las cuestiones que más preocupa es la fiscalidad. En este sentido, la Comisión Europea es rotunda: «Tienen que pagar impuestos.» Y advierten que estas empresas deben seguir las mismas normas que cualquier otra compañía. Con todo, el Ejecutivo comunitario admite que la regulación es «compleja», y aunque apoya estas nuevas plataformas, considera que todo se debe analizar caso por caso.
También es clara su posición a favor de los consumidores: si no se vulneran sus derechos y actúan de forma legal, las empresas de economía colaborativa pueden dar un gran impulso al crecimiento de los países. «El próximo unicornio (start-up tecnológica con un valor superior a los 1.000 millones de dólares) podría venir de la economía colaborativa», ha asegurado el vicepresidente de Empleo y Crecimiento, Jyrki Katainen. De hecho, Airbnb ya recibe esta consideración.
¿Beneficios para los consumidores?
«La economía colaborativa ha conllevado muchas ventajas para los consumidores: precios bajos, una mayor diferenciación del producto e innovación», razona Guillermo Beltrà, jefe de Asuntos Económicos y Legales de la Organización Europea de Consumidores. Con todo, el experto advierte que «su entrada sólo es positiva siempre y cuando la competencia sea leal», es decir, cuando se proteja a los consumidores para evitar abusos. Por lo tanto, deben estar sujetas a las mismas normas que cualquier otra empresa.
En este sentido, cada vez más estados miembros han prohibido algunas de estas plataformas. En Bruselas, Berlín o Barcelona Uber ya no se puede utilizar; ahora existe UberX, un servicio más caro que el tradicional para evitar lo que se considera competencia desleal por parte de los taxis de las ciudades. En la capital alemana, también vigilan de cerca a Airbnb: desde mayo, las autoridades berlinesas animan a los vecinos a denunciar si creen que un piso está siendo alquilado por la plataforma.
Otras ciudades, como Nueva York, también han visto su mercado hotelero afectado por la irrupción de las plataformas de alojamiento. A finales de 2015, a causa de Airbnb, el sector registró un descenso histórico. Después de que la plataforma se viera amenazada en la ciudad, se ha comprometido a pagar impuestos que pueden rondar los 90 millones de dólares anuales.
Según la Comisión Europea, si no vulneran los derechos de los consumidores y actúan de forma legal, las empresas de economía colaborativa pueden dar un gran impulso al crecimiento de los países
Hacia a una regulación
Esta tendencia de regulación acabará por imponerse, según un informe del Centro de Estudios de Política Europea, que considera que las «intervenciones» de las autoridades deben limitarse al máximo, ya que, finalmente, las plataformas de economía colaborativa deberán aceptar las reglas del mercado. Y es que si no se llega a un acuerdo y los gobiernos optan por la prohibición de las plataformas, en su opinión esto será «contraproducente» y afectará a la economía.
