Sorpresa enorme en muchos consejos de administración. Ocurrió hace ocho años, en 2022. La mayoría de sus miembros se acababa de enterar de que la Unión Europea había iniciado un tsunami regulatorio tendente a un modelo económico sostenible basado en la lucha contra el cambio climático. Eso, tan abstracto para muchos, se concretaba en convertir la función social de las empresas —excesivamente evanescente—, en el abanderado de la cuestión. Hoy en 2030, fecha de autos, hemos podido contemplar el alineamiento de la mayoría de las corporaciones europeas con esos objetivos. La RSC, que había vegetado entre la cura de la mala conciencia y la filantropía, ha dado en menos de diez años el paso definitivo hacia el establecimiento de unas prácticas de sostenibilidad referentes en el Este y en el Oeste. No solo impactan en la evolución del planeta, sino que también han cambiado la gobernanza de las empresas.