La Ley 25/2009, conocida como ley Ómnibus, nació para impulsar una mejora global del marco regulador del sector servicios, reduciendo las trabas y barreras que había hasta ese momento.
MIQUEL DARNÉS I CIRERA. Presidente del Consejo de Colegios de Ingenieros Graduados e Ingenieros Técnicos Industriales de Cataluña.
Desde entonces, solo por las obras definidas en el ámbito de la LOE (Ley de Ordenación de la Edificación) se piden de forma explícita las atribuciones profesionales correspondientes en cada caso. En el resto de casos, como proyectos de actividades o auditorías energéticas, entre otros, se utilizan expresiones como técnico competente, facultativo competente o técnico responsable. Por tanto, esto es una puerta abierta para que las reservas de actividades para determinadas actuaciones profesionales cada vez estén más cuestionadas, entre otras, por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, que en sus informes apuesta por una desregularización de los servicios profesionales, de acuerdo con la mencionada ley y la tónica imperante en los países europeos.
Pero nosotros no nos cansamos de repetir que simplificación administrativa, sí, pero seguridad, también. Y más cuando, en nuestro ámbito, aparte de la seguridad en las instalaciones y en los equipamientos, también está en juego la seguridad de las personas. No puede pasarse de un extremo a otro sin correr riesgos importantes. Por tanto, es necesario exigir las competencias necesarias a los profesionales para que puedan ofrecer los estándares de calidad necesarios y, de esta manera, también evitar el intrusismo profesional.
Así pues, estamos transitando del paradigma atribuciones al paradigma competencias, que se adquieren con los estudios, la experiencia y la formación continua. Pero las competencias deben poder acreditarse, como ocurre en Europa, con las certificaciones profesionales que ya se están ofreciendo a través de los colegios profesionales. Con las certificaciones, los colegios apostamos por el futuro, pero es necesario que las administraciones y las empresas las pongan en valor para el beneficio y la seguridad de la sociedad.
